La electromovilidad ya no es una promesa a largo plazo en Chile; se está convirtiendo en un vecino más. Sin embargo, su rápido avance ha comenzado a demostrar la falta de preparación de los edificios y condominios para soportar la carga de estos vehículos.
Lo que empieza como una consulta simple de un residente que compra un auto eléctrico, muchas veces termina abriendo un complejo debate sobre redes eléctricas, seguridad y normativas internas.
El fenómeno responde a un crecimiento explosivo. Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el mercado de vehículos de cero y bajas emisiones ha mostrado un incremento notable, acumulando 18.802 unidades vendidas en lo que va de 2026 (un alza del 109,6% frente al año anterior). Solo los vehículos 100% eléctricos ya suman 3.298 inscripciones en el año, con abril registrando un récord histórico mensual de 1.496 unidades comercializadas.
A medida que estas tecnologías capturan una cuota cada vez mayor del mercado automotor nacional, las exigencias se trasladan directamente a los estacionamientos subterráneos.
El principal obstáculo no es el automóvil en sí, sino la infraestructura que lo recibe. Gran parte del parque residencial en Chile fue construido bajo normativas y estándares eléctricos pensados para un consumo energético tradicional. Asumir que la matriz de una comunidad puede soportar la conexión simultánea de múltiples cargadores de alta potencia es un error común que puede derivar en sobrecargas, cortes de luz o cortocircuitos.
En el marco del espacio de conversación Espacio Seguro de Seguros CCS, expertos analizaron este escenario. Claudia Escobar, gerenta comercial de la firma, fue enfática al respecto:
«La seguridad debe ir antes que la tecnología. Que existan soluciones disponibles en el mercado no significa que cualquier edificio pueda implementarlas sin una evaluación seria».
Antes de tirar cables o conectar equipos, los especialistas recomiendan realizar un diagnóstico técnico exhaustivo para evaluar el amperaje real, la capacidad instalada y la factibilidad de crecimiento a futuro de la red del edificio.
Uno de los temores más frecuentes en los comités de administración es el riesgo de incendios asociados a las baterías de litio. No obstante, las estadísticas internacionales demuestran que estos incidentes no ocurren con mayor frecuencia que en los autos a combustión.
El verdadero peligro radica en la precariedad de las conexiones. Francisco Hurtado, representante de la empresa especializada EmovSe, aclaró que «el mayor riesgo aparece en instalaciones improvisadas o en sistemas eléctricos que no fueron evaluados previamente». Por ende, la clave para mitigar riesgos pasa exclusivamente por exigir que toda instalación sea ejecutada por técnicos certificados por la SEC y bajo la normativa vigente.
Más allá de los cables y los tableros, la electromovilidad plantea un desafío de gestión comunitaria. Los comités de administración se ven obligados a legislar la distribución de costos y el cobro individual del consumo eléctrico, el uso y delimitación de espacios comunescy las responsabilidades civiles ante eventuales incidentes.
Aunque el mercado ya ofrece soluciones de software, tarjetas de cobro diferenciado y sistemas de financiamiento para cargadores compartidos, todo requiere de acuerdos previos y modificaciones en los reglamentos de copropiedad.
La recomendación de los expertos es clara: no esperar a que llegue el primer auto eléctrico para reaccionar. Anticiparse con auditorías eléctricas preventivas, fijar protocolos claros y planificar soluciones escalables evitará conflictos vecinales, instalaciones peligrosas y sobrecostos millonarios a medida que la electromovilidad se consolide de forma definitiva en el país.
